(El Mercurio) Una iniciativa legal de origen parlamentario que busca que el agua desalada producida en plantas, que utilicen el mar, sea un bien nacional de uso público preocupa al Gobierno y al sector privado. Esto, porque desincentivaría la inversión de particulares en ese tipo de tecnología, que ayuda a diversificar la oferta hídrica en distintas regiones, especialmente en el período de extrema sequía que se vive hoy.

Por ello, una opción que baraja el Ejecutivo, en particular el Ministerio de Obras Públicas (MOP), es proponer que se acote la facultad de la autoridad de disponer de las aguas de una desaladora al 5% de la producción.

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