(Diario Concepción) El denominado Impuesto Verde establece un tributo anual a beneficio fiscal sobre las emisiones al aire de material particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de carbono (CO2), producidas por establecimientos cuyas fuentes fijas sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt.

El monto de gravamen del impuesto depende del tipo de emisión: para el caso del material particulado NOx y SO2, el impuesto es de 0,1 dólar por cada tonelada emitida. Mientras que para el CO2 es de 5 dólares por tonelada emitida.

“Este impuesto estimula el cambio hacia tecnologías limpias, ya que se aplica sobre la base que el uso de combustibles fósiles en la industria, genera efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud de las personas”, explica Héctor Arellano, gerente comercial de Efizity, consultora de eficiencia energética.

En la práctica, la existencia de este impuesto agrega un valor definido al uso de combustibles más contaminantes, lo que incentiva a utilizar combustibles fósiles que contaminen menos, a realizar inversiones en equipos de abatimiento para captar las emisiones antes que salgan de la fuente fija o en definitiva a utilizar combustibles renovables, como la biomasa. Estos cambios e inversiones se traducen en reducción en el pago del impuesto verde y en un aumento en la sustentabilidad de la compañía.

Más emisiones, más impuestos

Según los registros de la Tesorería General de la República, las empresas de la Región del Bío Bío pagaron más de 26 mil 766 millones de pesos por las emisiones, realizadas en 2018, de material particulado nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono. La cifra fue cancelada este año por las 28 fuentes fijas afectas a este gravamen y tuvo un aumento de 20% en comparación a lo pagado el 2018.

El aumento de la recaudación en impuesto verde – que en el caso de Bío Bío es atribuido a la variación del dólar y al alza de las emisiones contaminantes – ha generado preocupación.

De hecho, tramita en el Congreso una iniciativa que modifica el gravamen sobre las emisiones de material particulado. Entre las propuestas: el gravamen a las emisiones que se generan y no la capacidad instalada, además que comenzara a regir en 2025 para permitir que las empresas puedan cambiar su tecnología y compensar las emisiones con la reducción de similar contaminante.

También son parte del debate las propuestas que buscan compensar a las comunidades en que se generan los contaminantes y, por ende, de dónde parten los impuestos verdes recaudados.

Héctor Arellano explica que para las industrias es factible y rentable cambiarse a otros combustibles, en el caso de líquidos y gaseosos como petróleo pesado, petróleo diésel, gas licuado de petróleo y gas natural. “De hecho, en la industria muchas calderas tienen la opción de utilizar más de un combustible, entre líquido y gaseoso. En estos casos, la mejor alternativa es migrar al uso de gas natural, ya que es el combustible fósil menos contaminante”, dijo el experto.

En relación al ahorro que puede generar cambiarse de cualquier combustible fósil a biomasa con sistemas de captación de material particulado, este podría representar hasta casi un 100% en el pago del impuesto verde. Esto siempre y cuando la biomasa sea considerada como neutra en CO2.

Por otra parte, “cambiarse a gas natural, puede significar un ahorro de hasta un 58% en caso de cambio desde carbón. En caso de cambio desde petróleo pesado puede significar un ahorro de hasta un 35%; y para el caso del gas licuado del petróleo, puede significar un ahorro de hasta un 8%, solo por concepto de reducción de todas las emisiones gravadas incluyendo el CO2”, declara Arellano.